Responsabilidad patrimonial derivada de acoso escolar
Responsabilidad patrimonial derivada de acoso escolar
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Autor: Antonia Gómez Díaz-Romo
Año de publicación: 2018
Editor: INAP - Tirant lo Blanch
Edición: 1ª
Colección/es: Coediciones
ISBN (papel): 978-84-7351-655-6
Número de páginas: 274
CONTENIDO: Abreviaturas. / Introducción. / Capítulo Primero. LA EDUCACIÓN COMO SERVICIO PÚBLICO. / Capítulo Segundo. DELIMITACIÓN DEL ACOSO ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. / Capítulo Tercero. RESPONSABILIDAD JURÍDICA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. / Capítulo Cuarto. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DERIVADA DE ACOSO ESCOLAR. / CONCLUSIONES. / BIBLIOGRAFÍA
RESUMEN: Resulta indudable el interés que despiertan los supuestos de acoso escolar que, por desgracia, se continúan produciendo. Igualmente es constatable la pasión que envuelve todo lo relativo a la educación, tanto en cuanto a los valores que deben transmitirse como a la delimitación entre lo público y lo privado. Como tercer elemento, son evidentes las dudas y dificultades prácticas existentes en torno a la responsabilidad patrimonial de la Administración.
En esta obra se pone la lupa sobre la interrelación entre los tres conceptos: servicio público educativo, acoso escolar y responsabilidad patrimonial. Son muchos los interrogantes que se plantean: ¿Qué alcance tiene la responsabilidad patrimonial de la Administración? ¿Cabe exigirla por el acoso producido en un centro privado? ¿Cómo inciden posibles incumplimientos de los intervinientes en el proceso educativo como docentes, padres o tutores o los propios alumnos?...
Se analizan las diversas situaciones reales que pueden presentarse, proponiendo soluciones desde una visión extensa e integradora del ordenamiento jurídico. Se subrayan las particularidades de los elementos de la responsabilidad patrimonial en el ámbito del acoso escolar, teniendo presente la incidencia de intervenciones privadas. Constatada la existencia de lagunas y contradicciones, se reflexiona sobre la necesidad de precisar y ordenar la regulación vigente, con la intención de contribuir a generar un marco más propicio a la seguridad jurídica.